Tu título no se homologa. Y no es una mala noticia: es otra puerta.

Es el reconocimiento oficial de que tu título universitario extranjero equivale, por su nivel, a un grado o a un máster español (art. 5.2 del RD 889/2022). Te da efectos académicos y administrativos: puedes acreditar tu nivel de estudios ante la Administración, opositar, pedir becas, matricularte en un máster o que te lo cuenten en un baremo de méritos. Lo que no hace, y no puede hacer, es habilitarte para ejercer una profesión regulada, porque para eso está la homologación.

Por una sola cosa: si tu profesión está regulada en España o no. Están reguladas 36, y son las que tienen una orden ministerial que fija sus competencias: medicina, enfermería, farmacia, veterinaria, odontología, fisioterapia, psicología general sanitaria, logopedia, óptica, podología, terapia ocupacional, dietética, las ingenierías, la arquitectura, el magisterio y el profesorado. Si tu carrera es una de esas, homologas. Si es informática, administración de empresas, economía, comunicación, contaduría, biología, derecho o psicología no sanitaria, no: pides la equivalencia.

Para el empleo privado, casi nunca. Ninguna empresa española pide una declaración de equivalencia para contratar a un desarrollador, a una analista financiera o a un diseñador: lo que miran es tu experiencia y, como mucho, te piden el título. Donde sí la necesitas es en el terreno de la Administración: oposiciones, bolsas de empleo público, becas, baremos de méritos y acceso a estudios oficiales. Que quede claro, porque hay quien lleva un año sin buscar trabajo esperando un papel que no le hacía falta.

El plazo legal de resolución es de seis meses. Y aquí está el detalle que más caro sale: si vence ese plazo sin respuesta, el silencio es negativo, es decir, tu solicitud se entiende desestimada. No es que siga «en trámite»: está denegada, y desde ese día corren los plazos para recurrir. En la práctica los expedientes se mueven hoy entre nueve meses y dos años, y por eso el seguimiento activo no es un extra: es el trabajo.

Depende de por qué te la denegaran. Si fue porque tu profesión no está regulada —el caso más común—, la equivalencia era desde el principio tu vía y se puede pedir. Si fue por carencias formativas en una profesión que sí está regulada, la conversación es otra: puede tocar recurrir, asumir los requisitos formativos complementarios que imponga ANECA (prácticas, prueba de aptitud, un proyecto o cursos) o replantear el camino por la convalidación de estudios. Lo que no recomendamos nunca es volver a presentar lo mismo esperando un resultado distinto.

La tasa oficial son 166,50 €, la misma que la de homologación, por el modelo 790-107. A eso se suman los costes reales de apostilla o legalización y de traducción jurada si tus documentos no están en español, y nuestros honorarios por preparar el expediente y responder los requerimientos. Tras estudiar tu caso te damos un presupuesto cerrado. Los importes oficiales están sujetos a la normativa vigente.

Para ejercer una profesión regulada, no: los títulos de la UE, del Espacio Económico Europeo y de Suiza van por el reconocimiento de cualificaciones profesionales (RD 581/2017), que es otro procedimiento y, para varias profesiones sanitarias, prácticamente automático. Si lo que quieres es acreditar tu nivel académico para una oposición o para seguir estudiando, entonces sí puede tener sentido la equivalencia. Depende de para qué lo quieras, y esa pregunta hay que hacérsela antes, no después.